Araceli Vitta confirma orden de detención contra Daniel Guerrero por millonaria deuda de pensión alimenticia

Una nueva polémica sacude al cantante nacional Daniel Guerrero. Su expareja, la actriz Araceli Vitta, confirmó que la justicia dictó una orden de detención en su contra por una millonaria deuda de pensión de alimentos que asciende a más de 35 millones de pesos.

La medida fue confirmada por Vitta en el programa Podemos Hablar de Chilevisión, donde explicó que la orden fue dictada luego de que el tribunal acreditara el incumplimiento reiterado del pago correspondiente a la manutención del hijo que ambos tienen en común, Sebastián.

“La jueza dictaminó una nueva orden de arresto, pero esta vez amplia. Lo pueden tomar detenido donde lo encuentren”, señaló la actriz.

Una deuda que se acumuló con los años

Según Vitta, Guerrero jamás cumplió de forma constante con los pagos, y tras múltiples rebajas y reajustes, la deuda terminó alcanzando la millonaria suma actual.

“Él nunca pagó constantemente. En un principio pagó algunos meses, luego dejó de hacerlo. Me decía que iba a depositar y no lo hacía. Así se sumaron reajustes a intereses y llegamos a esto”, detalló.

La artista indicó que tras varios intentos fallidos de dar con el paradero del cantante, logró obtener una nueva dirección, la cual fue ingresada al tribunal por su abogado, lo que permitió activar una nueva orden de arresto, esta vez con carácter ampliado.

La versión del entorno de Daniel Guerrero

Frente a la polémica, quien rompió el silencio fue Javiera Alvina, actual esposa del artista, quien a través de un video en redes sociales aseguró que Guerrero atravesó una compleja situación económica en los últimos años, lo que habría dificultado el cumplimiento de los pagos.

Alvina también señaló que el vínculo entre Guerrero y su hijo se quebró en 2016 y que en 2023 existieron conversaciones para poner fin formalmente a la pensión, las que no prosperaron.

“En 2021 Sebastián egresa de la universidad y había una deuda de 8 millones de pesos. Daniel no estaba trabajando y estábamos en una situación extrema”, indicó.

Por ahora, la orden de detención dictada por el Tribunal de Familia se encuentra vigente y será ejecutada por la Policía de Investigaciones (PDI), la cual tiene un plazo de 60 días para informar sobre las diligencias realizadas.