Siete años de cárcel para acusado por robos en locales comerciales en Talca

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Talca condenó a José Luis Muñoz Rodas a la pena única de 7 años de presidio, en calidad de autor de tres delitos consumados de robo con intimidación, perpetrados en junio y julio de 2019, en locales comerciales en la capital maulina.

Tras el desarrollo del juicio, el tribunal dio por establecido, más allá de toda duda razonable, que en horas de la tarde del 26 de junio de 2019, Muñoz Rodas, a bordo de un vehículo y premunido de un arma blanca, llegó hasta el local comercial denominado Blanch Market, en calle 32 ½ Oriente N° 1960, en Talca, ingresando al local y exhibiéndole un cuchillo al encargado, e indicando ´entrega el dinero de la caja o si no te mato’, procediendo en ese contexto el afectado a entregarle alrededor de $50.000 de la caja, con el cual el acusado huyó del lugar.

Días después, el 6 de julio de 2019, amenazó a una vendedora en el local comercial ‘Verdufrut’, ubicado en 30 Oriente con 5 Norte N° 3402, de esta ciudad, el imputado llegó hasta este lugar, premunido de un arma cortante y exigió el dinero de la caja, contexto en el que le exhibió un cuchillo, que generó que la vendedora huyera se escondieran en el mismo negocio. "Instante en que Muñoz Rodas sacó desde la caja recaudadora la suma de $37.000 en dinero en efectivo, aproximadamente, y unas cajetillas de cigarros, para luego huir del lugar”.

Como tercer caso, pasadas las ocho horas del 13 de julio de 2019, el sujeto robó en el local comercial de nombre ‘Jairo’, ubicado en calle 5 Norte N° 3371, en Talca, donde premunido de un arma cortante, ingresó a dicho local, saltó el mesón de atención de público y, exhibiéndole un cuchillo a la vendedora, le dijo ‘córrete para atrás’, "mientras sacó el dinero de la caja registradora y diversa cajetillas de cigarrillos, para luego huir del lugar en el mismo vehículo”.

En fallo unánime se aplicó, además, las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena; más el pago de las costas del proceso.