El día después ...

El lunes recién pasado me levanté a trabajar como lo hago cualquier día normal, salvo por esa sensación de preocupación e incerteza que genera una elección presidencial, en la cual el Partido Comunista y el Frente Amplio -la izquierda más extrema existente hoy en Chile- se impusieron en las urnas con un resultado contundente, por no decir, aplastante. Totalmente desdibujado quedó el centro político, lo que en todo caso había ya acontecido con anterioridad, en la primera vuelta electoral.   

El día después, en las calles todo parece normal, no obstante en el ambiente se siente una tensa calma propia de una elección histórica como la vivida en Chile, quizás reflejo de esa tirantez existente entre ganadores y perdedores. El mismo desorden en los espacios públicos, el mismo comercio ambulante que impide caminar por las veredas, los mismos rayados e inmuebles destruidos, todo ello acrecentado desde el denominado estallido social en adelante.

Es que en el día después nos damos cuenta de que prácticamente en un poco más de dos años -contados desde el mes de octubre de 2019-, se cambió la escenografía, se modificó el guión y a los artistas, casi no queda nada de esa exitosa -aunque siempre mejorable- obra teatral que representaba nuestro país, siendo ejemplo y envidia de desarrollo y progreso para América Latina y el mundo.  

Seamos honestos, el día después no tiene sentido seguir engañándonos. No triunfó un futuro gobierno social demócrata, si no que uno comunista -aunque sea solapadamente-. A la social democracia se parecía la antigua concertación tan criticada y vilipendiada por el mismo conglomerado que hoy llega al poder. El día después, comenzaremos paulatinamente a ver el rostro real tras las caretas muy convenientemente utilizadas en la campaña para captar los votos de los indecisos.  

Pero sin perjuicio de ese incierto panorama, el día después queda algo. Ese algo es la actual Constitución Política de la República, el único freno y contrapeso que puede existir al gobierno e iniciativas del Partido Comunista y del Frente Amplio. Esa misma Carta Fundamental que ha exigido en el pasado de amplios acuerdos y profundos consensos de la sociedad chilena para progresar. Si bien, el día después todo parece indicar que una propuesta de nuevo texto constitucional se aprobará por amplia mayoría en el plebiscito de salida del proceso constituyente, es la última valla.

En simple, el resumen del día después es que, si la actual Constitución se mantiene vigente -sin perjuicio de su perfeccionamiento-, no se podrán efectuar cambios estructurales sin lograr importantes consensos que nos representen a todos. Si, por el contrario, se aprueba en el plebiscito de salida un nuevo texto constitucional, posiblemente el nuevo gobierno podrá hacer lo que le plazca para instaurar el modelo al que adhiere. De ahí la importancia de ese plebiscito, el cual, con voto obligatorio, lo hace especialmente impredecible.

No es que esté llamando apresurada y anticipadamente al rechazo de dicha propuesta de nuevo Código Político, sería irresponsable. Es solo que debemos estar especialmente atentos a lo que esté ocurriendo en la Convención Constitucional y el producto que surja de su trabajo. Ahí está en la actualidad radicado el poder real, no en los poderes constituidos.   

En el día después hay algo más. La Constitución Política de la República vigente, con la actual composición del Congreso Nacional tras la última elección parlamentaria, al menos, le da a los perdedores en la elección presidencial un año de tiempo -aproximadamente-, ya sea para convencer a esa mayoría que el domingo se pronunció de manera ampliamente mayoritaria por el comunismo y/o para tomar decisiones estratégicas frente a esta nueva y, para no pocos, inesperada obra teatral que comenzará el 11 de marzo de 2022, en la cual, posiblemente, el crecimiento económico, el orden institucional, el respeto a las libertades de las personas, el mantenimiento de la seguridad y tranquilidad públicas, el combate al terrorismo y al narcotráfico, el control migratorio, no serán prioridad.

Por Alejandro Cárcamo Righetti

Abogado, Magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos